Jesús Manuel Mendoza Maldonado

Escuela Normal Rural "Gral. Matías Ramos Santos", Zacatecas

Proemio:

Porque el acto de enseñar también tiene un contexto, porque formar maestros implica la tarea simultánea de formar personas y ciudadanos, porque lo que sucede en los establecimientos educativos tiene un significado material, pero también uno mítico, otro simbólico y uno más alegórico, porque nada es solamente lo que es. (…) Van estas notas inevitablemente atrapadas entre dos signos de interrogación, dada la información disponible hasta estos momentos.

UNO ¿Qué pasó? ¿Dónde están? ¿Por qué? ¿¡“verdad histórica”!? ¿Castigo a los responsables? DOS. Desesperación, dolor, ira, impotencia, indignación, coraje, decepción. TRES. Un simple y llano reclamo: verdad y justicia. CUATRO. Acudir a la memoria y a la capacidad de indignación para recordar lo acontecido y darle un sentido a la tarea de formar maestros, pero también a la sensibilidad hacia la realidad social, política y cultural que arropa de principio a fin el acto de enseñar. CINCO. ¿Cómo actuar frente a lo que viven, piensan y sienten los estudiantes normalistas sobre la docencia y sobre las Normales Rurales? Tiempos aciagos. SEIS. Desaparición forzada, agresión, masacre, secuestro, asesinato, tragedia ¿Qué palabras usar? El significado rebasa al significante. SIETE. Nunca el olvido. OCHO. Aunque la PGR lo niega, el Batallón 27 del ejército estuvo al tanto de la agresión a los estudiantes; policías municipales y federales intervinieron en los hechos. NUEVE. El engaño de la PGR con su “verdad histórica”, la complicidad de las policías municipal, estatal y federal junto con las autoridades municipales de Iguala, Huitzuco y Cocula. ¿Declive, descomposición o podredumbre de las instituciones? DIEZ. Ocultar evidencias, obstaculizar las investigaciones, negativa reiterada a que el GIEI entrevistara al ejército, fotografías y videos que se negaron primero y ocultaron después, hipótesis como la del basurero de Cocula que no se sostiene. ONCE. Ganas de mandar al diablo a “sus” instituciones (de justicia). DOCE. Lo que está podrido en la forma de “procurar justicia”. Los verbos predilectos: engañar, ocultar, tergiversar, aparentar, silenciar. TRECE. La criminalización de la protesta social y de los estudiantes de las Normales Rurales. CATORCE. ¿Y la indiferencia y las omisiones previas al 26 de septiembre de 2014? ¿Y el engaño y la abulia y la irresponsabilidad y las omisiones posteriores al brutal ataque a los estudiantes? ¿La verdad y la justicia que hasta abril del 2017 aún no llegan?... ¿Llegarán? QUINCE. ¿Por qué el olvido de las Normales Rurales? ¿Y la precariedad en que

desarrollan sus funciones que contrasta con el derroche, la opulencia y la desmesura de otras instituciones como los partidos políticos, los congresos de los estados y el federal junto con la cámara de senadores y otras instituciones permeadas por la corrupción como PEMEX y la propia PGR? DESCISEIS. La insultante impunidad para quienes cometieron el crimen y para quienes investigaron fraudulentamente. DIECISIETE. 26,274 desaparecidos hasta octubre de 2016, pero lamentablemente la atroz numeralia sigue y sigue junto con su estela de dolor e impotencia. DIECIOCHO. Un país de fosas. DIECINUEVE. El cansancio de los cínicos, el reproche de los mal informados. VEINTE. Porque necesitamos comprender cómo fue posible que una atrocidad de esa magnitud pudiera ocurrir. VEINTIUNO. “La aritmética de la angustia, las matemáticas de la matanza, la herida abierta, el corazón espinado, el puño encrespado o ese dolor para el cual ni siquiera sirve ya el llanto”. VEINTIDÓS. Las atrocidades que se cometieron con los estudiantes se incrementan con las que realizan los funcionarios para silenciar, tergiversar u ocultar la complicidad de las policías, del ejército y de la PGR. VEINTITRÉS. La numeralia de la ignominia: a decir de la PGR cerca de cuatrocientos peritajes respaldan la versión de que los 43 estudiantes fueron asesinados y cremados en el basurero de Cocula, aunque tal “verdad histórica” no encuentra sustento en ninguno de los estudios que diferentes instituciones han realizado con el más alto rigor científico. VEINTICUATRO. ¿Por qué el rechazo a entrevistar a los integrantes del 27 Batallón del ejército a pesar de las múltiples evidencias de que ellos estuvieron involucrados? ¿Y los casquillos de armas exclusivas del ejército que recogieron de las escenas del ataque a los autobuses donde viajaban los estudiantes? ¿Y las fotografías junto con los numerosos testimonios -incluso de los estudiantes- que manifiestan que el ejército les disparó? VEINTICINCO. “Verdad histórica” de la PGR: los normalistas fueron detenidos y entregados al crimen organizado, asesinados y cremados en el basurero de Cocula y luego tirados sus restos al río. Fin de la historia. Para las autoridades: caso concluido. VEINTISEIS. ¿Por qué tardaron nueve meses en analizar la ropa de los estudiantes? ¿Por qué estaba abandonada en una bodega? ¿Por qué el Procurador Murillo Karam dijo que no existía tal ropa puesto que “habían quemado a los estudiantes junto con ella”? VEINTISIETE. ¿Por qué la manipulación de la escena del Río San Juan y el cambio de lugar de la bolsa con restos calcinados de lo que decía la PGR eran los cuerpos de los estudiantes? VEINTIOCHO. Varios jefes de la Policía Municipal, como los de Iguala y Cocula habían sido militares. Miembros del 27 Batallón pasaron por el Hospital Cristina -donde estuvieron los estudiantes- para pedir los videos de las cámaras de seguridad y lo mismo hicieron con las cámaras del Palacio Municipal ¿Por qué tales videos no aparecen, lo mismo que las fotografías que reconocen los militares haber tomado? VEINTINUEVE. ¿Por qué el testimonio contradictorio del chofer del quinto autobús? ¿Por qué no concuerda su segunda versión con lo que demuestra el trayecto que permite reconstruir el GPS instalado en el autobús? TREINTA. ¿Qué decir del testimonio de los inculpados que según peritajes de la CNDH fueron obtenidos bajo torturas reiteradas? TREINTA Y UNO. Las responsabilidades por la mala investigación constituyen otra omisión de las autoridades y

otro agravio para los familiares de las víctimas. La impunidad, la negligencia o la franca complicidad corroen a las instituciones. TREINTA Y DOS. Los teléfonos evidencian más negligencia y omisiones: El mensaje de la mamá de Jorge Aníbal confirma que estaba vivo a la 1:16 y no estaba en el basurero de Cocula porque ahí no hay cobertura. El teléfono de otro estudiante -Jesús Bartolo Tlatempa- sigue paso a paso la misma ruta que el del jefe de la policía de Cocula, César Nava, por lo tanto, o el joven iba con él, o el jefe de la policía se quedó con su celular, en todo caso no iba con nadie de los Guerreros Unidos. Un sujeto misterioso que aparece en las agendas, apodado “El Caminante” habló con muchos policías y con miembros de Guerreros Unidos la noche del ataque a los estudiantes, decenas de llamadas salieron de su teléfono. Esto no ha sido investigado. TREINTA Y TRES. Con esta maraña de investigaciones fraudulentas, ocultamiento de pruebas, hechos fundamentales vistos con displicencia se confirma que, para las víctimas y sus familiares, la condena pasa a segundo término: la auténtica pena es el proceso. TREINTA Y CUATRO. Por su negligencia y prácticas de ocultamiento de pruebas, Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal, dimite de su cargo y dos horas después es nombrado secretario técnico de la Comisión Nacional de Seguridad, que se hace cargo de supervisar precisamente investigaciones como la de Ayotzinapa. A veces las palabras para calificar algo así se agotan, o son ya innecesarias. TREINTA Y CINCO. El visitador de la PGR, César Alejandro Chávez, después de investigar la actuación de Tomás Zerón y documentar la serie de irregularidades punitivas en que incurrió, es obligado a dimitir a su cargo. Las razones: concluyó que Tomás Zerón, encargado de coordinar la investigación cometió irregularidades en el Río San Juan el 28 de octubre, violó el derecho a la verdad, el fiscal de la SEIDO le entregó, indebidamente, a un inculpado (Agustín García Reyes) y otra de las fiscales firmó documentos, supuestamente, en el río cuando en realidad estaba en la ciudad de México. El mar de la impunidad, la negligencia y la obstrucción de la justicia. ¿Quién detuvo y silenció la investigación sobre el Sr. Zerón? TREINTA Y SEIS. Una investigación que tendría que ser pulcra, eficiente e indubitable ha estado plagada de irregularidades y podredumbre en las instituciones que debieran resguardarnos y “procurar” justicia. Un laberinto aparentemente irresoluble es la imagen que mejor describe su actuar. TREINTA Y SIETE. Si una indagatoria judicial que captó la atención y la mirada de múltiples instituciones nacionales y extranjeras fue llevada con tanto descuido, ánimo de ocultar y vacíos inexplicables ¿Qué podemos esperar de cualquier otro caso que caiga en las instituciones encargadas de procurar justicia? La incompetencia, la negligencia, el encubrimiento y la complicidad del Estado. TREINTA Y OCHO. Intentar culpar únicamente a una pareja de esposos de Iguala, ambos perfectamente perseguibles y encarcelables, uno de los cuales era presidente municipal, nos remite a la banalidad del mal, con los reduccionismos inherentes. Los auténticos responsables tienen otro rango a juzgar por la compleja red de complicidades y por la confabulación de las instituciones para que no se indague a cabalidad lo que realmente pasó esa noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. TREINTA Y NUEVE. La verdad y la justicia aguardan. CUARENTA. El dolor de los familiares de los estudiantes desaparecidos no cesa, un

sentimiento de miedo, olvido y abandono institucional lo acompaña. CUARENTA Y UNO. Tampoco desaparece el ánimo cómplice, el cinismo y la indiferencia de funcionarios que poco o nada “funcionan”. CUARENTA Y DOS. Desmesura, desgobierno, hartazgo de la sociedad, disfuncionalidad y declive de las instituciones, evidencias ostensibles de que los personajes que las representan están muy por debajo de lo que su responsabilidad les demanda ¿Cuál es el mecanismo que permite que el halo de injusticia se sostenga, se amplíe y se perpetúe? La justicia a cargo de instituciones de yeso o de cartón, sepulcros blanqueados, solemnidad cuasiacadémica, imágenes desfiguradas, signos que se vuelven garabatos. CUARENTA Y TRES. La injusticia de que son objeto los otros, pero en cualquier momento el otro puede ser uno mismo. El verbo inevitable que conjugan los familiares: esperar... ¿Y si todo esto lo consideramos como un estímulo o un acicate para continuar la tarea cotidiana? ¿Y si estas condiciones adversas las cargamos de inspiración y esperanza?

Coda. La impunidad que continúa

Todavía hasta el 26 de marzo de 2017, a 30 meses de la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, sostenía la “verdad histórica” de que los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, esto en la audiencia pública del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los rezagos y omisiones se prolongan.

a) Existen 15 policías municipales de Huitzuco, plenamente identificados, y cuya participación en los acontecimientos de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 podría aportar información relevante sobre el destino final de los jóvenes normalistas. Pero no han sido consignados

b) Los dos policías federales, identificados incluso por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que estuvieron presentes también en los hechos en la zona frente al Palacio de Justicia, tampoco han sido consignados.

c) No se ha solicitado la colaboración institucional con el Gobierno de Estados Unidos para recopilar información sobre la circulación de droga del grupo de Guerreros Unidos. En la Embajada de Estados Unidos señalan que “no ha habido requerimiento alguno”.

d) Sigue sin avances el análisis de la telefonía celular. Según Vidulfo Rosales, uno de los abogados de los padres de los estudiantes, se comprobó que aquella noche los policías de Huitzuco sí estuvieron en Iguala y que el “Caminante” habló con cerca de 30 agentes en una tarea de coordinación.2 No obstante, la Procuraduría no quiere indagar más sobre esta línea de investigación.