Red Temática de Investigación de Educación Rural

¿Qué sucede en las comunidades cuando se cierra la escuela rural?


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El cierre de escuelas municipales rurales es un fenómeno que se evidencia en los últimos años en Chile. Las estadísticas del Ministerio de Educación muestran que entre el año 2000 y el 2012 dejaron de funcionar 819 escuelas básicas rurales de un total de 3.83511. De esta manera, es posible afirmar que los cierres escolares han dejado de constituir decisiones aisladas y es posible reconocer en ello, una política.

En algunos países de Latinoamérica, el cierre y fusión de escuelas rurales se ha implementado como una política para optimizar recursos públicos. En Argentina, entre 1977 y 1983 se realizó una “concentración” de escuelas rurales, cerrándose cerca de 195 escuelas (Rodríguez, 2008). Asimismo, en Uruguay, entre 1994 y 1999, se aplicó una política de reestructuración de la educación rural, generando “nucleamientos” o “consolidaciones” a través de cierres de escuelas rurales con baja matrícula (Martinis & Redondo, 2006).

En Chile, luego del terremoto del 2010, se anunciaron numerosos cierres escolares situando el énfasis en cautelar la cobertura trasladando a los estudiantes a otros centros educativos. Estos son asimilables a la acción de “clausura” (Martinis & Redondo, 2006), que implica finalizar un proyecto educativo e insertar a los estudiantes en otra escuela, sin integrar propuestas educativas. Este fenómeno comienza a ser visibilizado con preocupación dentro del panorama educacional en nuestro país, donde organizaciones sociales, miembros de comunidades educativas y autoridades políticas han denunciado la situación.

Entre los argumentos, se plantea la baja matrícula de las escuelas en zonas rurales, asociada a la migración a lo urbano y a las bajas en la tasa de natalidad. Dado el sistema de subvención a la demanda de las escuelas en Chile, esta baja matrícula generaría que los ingresos que percibe cada municipio por este concepto, sean insuficientes para cubrir los gastos de la escuela. Otro argumento se relaciona con la calidad de la educación de estos establecimientos, lo cual considera como principal indicador los bajos puntajes en la prueba SIMCE(Sistema de Medición de Calidad Educativa).

Esta postura ha sido planteada en mayor medida por las autoridades ministeriales, mientras que ha sido aplicada de manera menos sistemática por las autoridades municipales.

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